LA PUNTA DEL ICEBERG

La ley de Arizona SB 1070 otorga al cuerpo policiaco la autoridad de pedir documentos que comprueben el estado migratorio de cualquier persona del cual sospecha que se encuentre en el país de manera ilegal. El problema es que no hay manera de que tal sospecha no se base en la apariencia de la persona, específicamente, rasgos físicos que determinen cierta etnicidad.

En otras palabras, ¿si no se basaran en el color de la piel de una persona, o su acento o su vestimenta, en qué podrían basarse? Esta es la pregunta que muchas demandas en contra de la ley han presentado a la corte federal y una pregunta que Charles Ogletree, profesor de la Universidad de Harvard hace respecto a esta nueva ley. Ogletree escribió el libro
“The Presumption of Guilt” (La Presunción de Culpabilidad) y en una entrevista con Alison Stewart del programa Need to Know en PBS, cuestionó la validez de la ley de Arizona. Su libro trata sobre el arresto de Henry Louis Gates, el profesor de Harvard afro americano que fue arrestado en su casa por sospecha de robo de su propia casa aún después de presentar su licencia y su identificación universitaria.

Aunque este incidente parezca aislado, se relaciona con la ley de Arizona porque también es un incidente arraigado en cuestiones raciales. El hecho es que en toda la nación existe un debate tanto interno como externo entre las diferentes razas. Para bien o mal, la ley de Arizona es como la punta de un iceberg que ha permanecido debajo del océano por mucho tiempo. Uno podría decir que incluso el impulso de la sociedad a ser políticamente correcto haya permitido que muchos prejuicios se hayan simplemente escondido debajo de la alfombra.

En la interacción con el sistema judicial, si la sospecha es basada racialmente, la presunción que sigue es que toda persona de cierto color o raza representa un elemento de criminalidad. Lo cual atenta contra la primicia legal del sistema americano, que define que toda persona es inocente hasta que se le pruebe culpable.

Ogletree mencionó que es injusto para los oficiales porque básicamente se espera de ellos que resuelvan el problema de imigración, “porque creemos que todos los problemas en nuestro sistema judicial tiene un color, entonces tenemos que deshacernos de esa presunción.”

El tema de imigración es mucho más complejo que no podría ser resuelto con una ley, por más compleja que sea, como la SB 1070 es. No puede ser un tema estatal porque se enfrenta a relaciones exteriores con otros países. El gobierno federal es el que debe enfrentar esta conversación difícil con todos sus ciudadanos y residentes, legales e ilegales, porque todos estan involucrados. Este tema, al igual que el debate racial, ya no cabe debajo de la alfombra y ha empezado a salirse por las orillas. Lo díficil viene de que ninguno de los dos lados –quizá un lado menos que el otro- está dispuesto a sentarse en la misma mesa y comprometerse, así que hasta que eso suceda la guerra racial continuará.

Por ahora la jueza Susan R. Bolton de la corte federal de Arizona ha bloqueado partes de la ley SB 1070 que considera que pueden ser inconstitucionales, como la provisión de que sea crimen no portar documentos si la persona detenida es imigrante, al igual que el oficial intente de manera razonable determinar el estado migratorio de toda persona detenida. Bolton permitió que otras partes, como requerir la colaboración entre la policía y oficiales federales para enforzar leyes de imigración, según el Washington Post.

Cualquiera que sea el resultado de esta ley y de las demás leyes que estan trabajándose en otros estados respecto a imigración, habrá que involucrar los gobiernos de México y demás países latinoamericanos que han fomentado el éxodo de tantos de sus ciudadanos. La verdad es que los verdaderos criminales han sido los gobiernos corruptos que han plagado las naciones de inseguridad, desempleo y pobreza.